El doloroso caso del menor de 8 años ahorcado por su padre de 38 nos remite a otras responsabilidades como las que surgieron del asesinato en plena vía pública de Paola Tacacho, profesora de inglés de 32 años, por su acosador -por cinco años- Mauricio Parada Parejas. Tras 17 denuncias en la justicia (de Tucumán y de Salta). Por parte del estado provincial a través de su poder judicial (Juez Pisa) hubo un “abandono de persona”, (código penal). Si es “seguido de muerte”, prisión de seis años. En abril de 2022, con justificados bombos y platillos en la Legislatura, se aprobó la creación del Instituto Provincial del Espectro Autista. Es de suponer que la situación del menor Ignacio Sosa era conocida, toda vez que el argumento esgrimido por su padre con prisión preventiva de la Justicia Federal (Córdoba) para que fuese “domiciliaria” estaba fundado que en que debía ser el protector de su hijo con discapacidad. Se concluye, primariamente, que la justicia Provincial y Federal local estaban al tanto. Y que debió estar atento, se supone, el Instituto Provincial del Espectro Autista. Pero, aparentemente no. Es hora de revisar toda la causa y las responsabilidades no asumidas de todos los sectores necesariamente ligados a este muy doloroso episodio de abandono y tragedia.
Carlos Duguech
c.duguech@gmail.com